Hoy, 8 de agosto de 2025, la memoria argentina vuelve a aquella madrugada de 2018 cuando el Senado sepultó con 38 votos en contra el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Bajo una lluvia inclemente, miles de pañuelos verdes aguardaban en las calles, solo para recibir un mensaje brutal: el Estado condenaba a las mujeres a la clandestinidad. Aquella derrota legislativa, sin embargo, fue el germen de una victoria cultural imparable. Como gritó Pino Solanas en el hemiciclo aquella noche: «Será ley contra viento y marea». Sus palabras no fueron un consuelo, sino una profecía.

La votación del 8 de agosto de 2018 desnudó las hipocresías de un poder patriarcal. Mientras senadores como Rodolfo Urtubey afirmaban que existían violaciones «sin violencia» o «actos no voluntarios», las estadísticas mostraban la crudeza de la realidad: entre 350.000 y 450.000 abortos clandestinos anuales, 50 muertes evitables por año y miles de mujeres mutiladas con agujas de tejer o tallos de perejil. La Iglesia movió sus hilos en las provincias del norte, donde su influencia en la educación y la política inclinó la balanza. Pero en esa derrota, algo se encendió para siempre. Las adolescentes que empaparon la Plaza del Congreso aquella noche no se fueron derrotadas: salieron jurando volver. Cristina Fernández de Kirchner lo advirtió en su discurso: «Esto no es un tema de género, sino generacional».

Tras el rechazo, la marea verde no se retiró: se multiplicó. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto transformó el duelo en estrategia. Aprendieron de los errores técnicos del primer proyecto, pulieron artículos ambiguos sobre «salud integral» y lanzaron #QueSeaLey, una consigna que inundó escuelas, sindicatos y medios. Los datos eran implacables: el aborto inseguro era la causa número 74 de muertes evitables en mujeres en edad reproductiva. Mientras el gobierno de Macri intentaba desactivar el reclamo con promesas de despenalización (no legalización), las feministas respondían: «Sin acceso gratuito en hospitales, las pobres seguirán muriendo».

La presión internacional se volvió un arma clave. El ejemplo argentino inspiró movimientos en Colombia, México y Chile, tejiendo una red continental. En diciembre de 2020, cuando el Senado aprobó por fin la Ley 27.610, no fue un regalo del poder: fue la cosecha de miles de vigilias, de alianzas con gremios docentes y científicos como el ministro Lino Barañao, y del 70% de apoyo entre las menores de 40 años que se negaron a negociar sus derechos.

Hoy, al cumplirse siete años de aquella derrota transformadora, la Ley de IVE enfrenta amenazas inéditas. El gobierno actual ha presentado un proyecto para derogarla y retroceder más allá de la legislación de 1921: elimina la causal violación, penaliza a mujeres con hasta tres años de cárcel, y borra el concepto de «persona gestante», excluyendo a varones trans e identidades no binarias. Pero este ataque frontal no es el único peligro. En la trinchera cotidiana del sistema de salud, la objeción de conciencia institucional se ha convertido en un mecanismo perverso: hospitales enteros se declaran «objetores» en provincias como Tucumán o Salta, violando el espíritu de la ley que exige derivaciones inmediatas.

Los lobbies religiosos repiten viejas tácticas con nuevo lenguaje: hablan de «protección fetal» usando seudociencia, mientras ocultan que, según el Ministerio de Salud, el 98% de las IVE realizadas en hospitales públicos son seguras y sin complicaciones. La desinformación campa en redes sociales, donde bots celestes difunden que la ley «aumenta los abortos», ignorando que la tasa se mantiene estable, pero ya no mata.

El 8 de agosto de 2018 nos enseñó que las derrotas legislativas pueden ser victorias culturales. Aquella noche, mientras la lluvia empapaba los pañuelos verdes, nació una convicción: la lucha por el derecho a decidir no es una carrera, sino un río que atraviesa generaciones. Hoy, cuando el gobierno insiste en negar la realidad, recordamos las palabras de la escritora Claudia Piñeiro tras el rechazo del Senado: «No se trata de creencias, sino de salud pública».

La marea verde no es solo argentina: es continental. Como muestra el reciente fallo de la Corte Constitucional colombiana que garantiza el aborto para mujeres indígenas (SU-297/25), o la resistencia mexicana, la ola que nació en el Congreso de Buenos Aires hoy recorre América Latina 10. Por eso, frente a los nuevos intentos de retroceso, las calles vuelven a resonar con el grito que hace siete años sacudió la Plaza del Congreso: «¡Aborto legal para no morir!».

La ley 27.610 vive. Y seguirá viviendo.